SUPUESTO PRÁCTICO DEL TEMA 1 DE ORGANIZACIÓN DEL ESTADO:
Un grupo de ciudadanos marroquíes residentes en España comunican con fecha de 3 de noviembre de 2014 al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma uniprovincial XXX la decisión de celebrar una manifestación-concentración en la Plaza de la Basílica, el domingo 23 de noviembre de 2014, de 9 a 13h, con la instalación en la misma plaza de mesas informativas con megafonía y una tienda de campaña saharaui, con objeto de distribuir panfletos informativos, exposición fotográfica y vídeos, pancartas y banderas saharauis, en apoyo a la justicia internacional referida a la RASD (República Árabe Saharaui Democrática).
El Delegado del Gobierno con fecha de 10 de noviembre de 2014, comunica a los convocantes que la manifestación no podrá celebrarse puesto que considera que perturba los actos litúrgicos de la Basílica, y porque existen razones fundadas de que puedan producirse alteraciones de orden público, dado que anteriores manifestaciones promovidas por los mismos convocantes dieron lugar a serios altercados. Ante esta decisión, los promotores de la manifestación interpusieron con fecha de 12 de noviembre de 2014, un recurso contencioso-administrativo especial para la protección de los derechos fundamentales, alegando la flagrante vulneración de los derechos y libertades de reunión y manifestación que, como extranjeros, gozan con plenitud en territorio español en aras de los artículos 13 y 21 de la Constitución española.
Por su parte, el Abogado del Estado en fundamento de su defensa a la Administración alega que en este supuesto no se puede hacer uso de la vía procesal para la protección de los derechos fundamentales dado que los extranjeros no tienen reconocidos los derechos políticos en España, y además, en todo caso, la resolución del Delegado del Gobierno está suficientemente justificada.

Se pide:

1.- En relación a las alegaciones de los promotores de la manifestación al afirmar que los extranjeros gozan con plenitud en España de los derechos y libertades de reunión y manifestación, es correcto afirmar que:
a) Se atienen a lo expuesto en la Constitución española, que reconoce esos derechos con carácter general, sin particularizar con la nacionalidad de los que se reúnen o manifiestan.
b) Los extranjeros gozan del derecho a manifestarse al igual que los españoles, aunque para ejercer el derecho de reunión se atendrán a lo que los Tratados y la Ley contemplen, debido a su condición de no españoles.
c) No se corresponden con lo determinado en la Constitución, puesto que los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el Título I en los términos que establezcan los Tratados y la Ley, y no, por tanto, en las mismas circunstancias que los españoles.
d) Los extranjeros gozan del derecho de reunión al igual que los españoles, aunque para ejercer el derecho a manifestarse se atendrán a lo que los Tratados y la Ley contemplen, debido a su condición de no españoles.

2.- Según el artículo 21.2 de la Constitución española, ¿en qué casos con carácter general se podrán prohibir las reuniones en lugares de tránsito público y las manifestaciones?:
a) En ningún caso, al tratarse de derechos fundamentales y libertades públicas.
b) En los supuestos de declaración de los estados de excepción o sitio, exclusivamente.
c) Cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.
d) Cuando existan razones fundadas de carácter político, antisemita o por convocarlas grupos paramilitares.

3.- ¿En qué casos el derecho de reunión pacífica y sin armas necesitará de autorización previa?:
a) En todo caso.
b) En ningún caso.
c) Cuando así lo considere la autoridad gubernativa en resolución motivada.
d) Cuando la reunión sea secreta o de carácter paramilitar.

4.- En el caso de que supuestamente llevasen razón en sus argumentos, ¿considera acertada la vía del recurso contencioso-administrativo especial interpuesto por los promotores de la manifestación?:
a) No, deberían haber interpuesto el recurso de inconstitucionalidad.
b) No, lo procedente es interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
c) Sí, es correcta la vía empleada.
d) No; lo procedente hubiese sido interponer una denuncia en el juzgado de instrucción de guardia.

5.- Respecto a la afirmación del Abogado del Estado de que los extranjeros no tienen reconocidos los derechos políticos en España, es correcto afirmar que:
a) Los extranjeros tienen en todo caso derecho a sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales.
b) Solamente los españoles serán titulares del derecho de participación en los asuntos públicos.
c) Los extranjeros tienen derecho a sufragio activo en las elecciones autonómicas.
d) Los extranjeros no tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos.

SOLUCIONES:

1.- A (arts. 13.1 y 21 Constitución española)
Artículo 13.1: Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los Tratados y la Ley.
Artículo 21: Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

2.- C (art. 21.2 C.E.
En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

3.- B (art. 21.1 C.E.)
Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.

4.- C (art. 53.2 C.E.)
Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección Primera del Capítulo Segundo (artículos del 15 al 29) ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso es aplicable a la objeción de conciencia del artículo 30.

5.- D (art. 13.2 C.E.)
Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23 (derecho de participación), salvo lo que, atendiendo a los criterios de reciprocidad pueda establecerse por Tratado o Ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales.

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El funcionario del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias Carlos F. S., que ingresó el 7 de febrero de 2011 como funcionario en prácticas, toma posesión de su primer destino como funcionario de carrera en el Centro Penitenciario de Albacete el 30 de abril de 2014 en el puesto de trabajo “Oficina Genérico”.
Sus retribuciones ordinarias en el mes de mayo serán:
• Sueldo 720,02 euros.
• Trienios 26,31 euros.
• Complemento de destino 327,44 euros.
• Complemento específico 637,96 euros.
• Complemento de productividad 109,60 euros.
• Total de retribuciones íntegras 1.821,33 euros.
Posteriormente y debido a su gran capacidad profesional, Carlos es elegido como vocal de la Comisión Disciplinaria, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 276.2 del Reglamento Penitenciario, debiendo asistir en cuatro ocasiones a las reuniones convocadas al efecto para dicho órgano colegiado, teniendo lugar las mismas en fechas donde el funcionario se encontraba libre de servicio, razón por la que se fija una indemnización económica para compensarle.

Se pide:

1.- La Habilitación del Centro Penitenciario de Albacete justificará al citado funcionario en concepto de paga extraordinaria del mes de junio de 2014:
a) La parte proporcional (32 de 183 días) de la cantidad de sueldo y trienios fijados en la Ley 22/2013, de Presupuestos Generales del Estado para 2014 en ese concepto, más 637,96 euros.
b) La parte proporcional (32 de 182 días) de sueldo (720,02) más trienio (26,31) más complemento de destino (327,44).
c) La parte proporcional (32 de 182 días) de la cantidad de sueldo y trienios fijados en la Ley 22/2013, de Presupuestos Generales del Estado para 2014 en ese concepto, más 327,44 euros.
d) La parte proporcional (33 de 182 días) de la cantidad de sueldo y trienios fijados en la Ley 22/2013, de Presupuestos Generales del Estado para 2014 en ese concepto, más 327,44 euros.

2.- Respecto a las deducciones formalizables a practicar en la nómina de Carlos, solo una de las siguientes afirmaciones se atiene a la normativa vigente; indíquela:
a) El porcentaje de cotización a aplicar a MUFACE será del 1,69 por 100 sobre la base de cotización establecida como haber regulador a efectos de cotización de derechos pasivos.
b) El funcionario queda integrado en el Régimen General de la Seguridad Social a efectos de pensiones y del resto de contingencias comunes.
c) La cuota de derechos pasivos del funcionario será del 3,86 por 100 de los haberes reguladores pasivos que fija la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año en curso, incrementados en un 0,25 por ciento.
d) El porcentaje de cotización a aplicar a MUFACE será del 1,69 por 100 sobre la base de cotización establecida como haber regulador a efectos de cotización de derechos pasivos, incrementados en un 0,25 por ciento.

3.- En relación con la cuestión anterior, respecto a las deducciones aplicables en la nómina al funcionario Carlos F.S., una de las siguientes afirmaciones no se atiene a lo dispuesto en la normativa sobre cotización a la Seguridad Social; indíquela:
a) Aunque el porcentaje de cotización a aplicar es del 4,70 por 100, se le aplica un coeficiente reductor al excluirse determinadas contingencias comunes y cubrir solamente la pensión de jubilación.
b) La cotización a cargo del funcionario es para determinadas contingencias comunes; la cotización a cargo del centro penitenciario cubre contingencias comunes y profesionales.
c) Para determinar la base de cotización correspondiente a cada mes se computarán como base los 1.821,33 euros íntegros que percibe el funcionario, cantidad de la que se le retendrá el 4,70 por 100.
d) Para determinar la base de cotización correspondiente a cada mes se computarán como base la remuneración devengada en el mes a que se refiere la cotización y la parte proporcional de todos los conceptos retributivos que tengan una periodicidad en su devengo superior a la mensual o que no tengan carácter periódico y se satisfagan dentro del ejercicio económico del año 2014.

4.- La indemnización que percibe Carlos por ser vocal de la Comisión Disciplinaria en las circunstancias expuestas:
a) Tiene la consideración de “residencia eventual” en todo caso.
b) Se compensará con gratificaciones por servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada habitual.
c) Se denomina “asistencia”.
d) Se denomina “comisión de servicios” y al pernoctar en su residencia oficial no devengará indemnización, pero será compensado por los gastos de almuerzo y de viaje hasta el 50 por 100.

5.- En relación con la cuestión anterior, el importe que podría percibir el funcionario:
a) En ningún caso se podrá percibir un importe anual superior al 40 por 100 de las retribuciones, excluidas las de carácter personal derivadas de la antigüedad, que correspondan, asimismo anualmente, por el puesto de trabajo principal.
b) Salvo excepciones, no se podrá percibir un importe anual superior al 20 por 100 de las retribuciones por el puesto de trabajo principal.
c) En ningún caso se podrá percibir un importe anual superior al 25 por 100 de las retribuciones, excluidas las de carácter personal derivadas de la antigüedad, que correspondan, asimismo anualmente, por el puesto de trabajo principal.
d) En ningún caso se podrá percibir un importe anual superior al 30 por 100 de las retribuciones por el puesto de trabajo principal.


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SOLUCIONES:

1.- C
La Ley 22/2013 fija para la paga extraordinaria 622,30 euros de sueldo y 22,73 de trienios, a lo que hay que sumar el complemento de destino mensual (327,44), que suman un total de 972,47 euros. Como en el período de devengo de la paga extraordinaria de junio solo tiene derecho al tiempo transcurrido desde la toma de posesión, hay que sumar 1 día de abril (30 de abril) más todo el mes de mayo (31 días), que son en total 32 días, del total del 182 que tiene el período completo:
• Si 972,47 euros son para 182 días (del 1 de diciembre de 2013 al 31 de mayo de 2014)
• Son “X” euros para 32 días (del 30 de abril al 31 de mayo de 2014)
• Resultan 170,98 euros de paga extraordinaria de junio.


2.- D
El funcionario queda integrado en el Régimen General de la Seguridad Social a los exclusivos efectos de pensiones y no para el resto de contingencias comunes.


3.- C
Véase el anexo de cotización y la nómina entregados en clase. El tipo de cotización por contingencias comunes es el 4,70 por 100 si se cubrieran todas, pero hay una deducción de la cuota (que es del 4,4170 por 100) porque hay contingencias comunes excluidas (incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, lactancia natural) y por eso se aplica un coeficiente reductor.


4.- C (Art. 27.1 R.D. 462/2002, sobre indemnizaciones por razón del servicio)
Se entenderá por «asistencia» la indemnización reglamentaria que proceda abonar por concurrencia a las reuniones de Órganos Colegiados de la Administración, de Órganos de Administración de Organismos públicos y de Consejos de Administración de empresas con capital o control públicos.


5.- A (Art. 27.3 R.D. 462/2002, sobre indemnizaciones por razón del servicio)
En ningún caso se podrá percibir por las asistencias un importe anual superior al 40 por 100 de las retribuciones, excluidas las de carácter personal derivadas de la antigüedad, que correspondan, asimismo anualmente, por el puesto de trabajo principal.

 

SUPUESTO PRÁCTICO:
En el Servicio de Retribuciones de la Subdirección General de Recursos Humanos de Instituciones Penitenciarias se inicia un expediente administrativo, incoado por el percibo indebido de la cantidad de 3.439’40 euros, en concepto de haberes, en el período comprendido entre el 31 de enero de 2013 y el 30 de abril de 2013, en virtud de Resolución por la que pierde la condición de funcionario D. Francisco Javier XXX, que trabajaba en los Servicios Centrales de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

En la resolución del citado procedimiento administrativo se acuerda declarar que la cantidad mencionada, percibida por D. Francisco Javier en el período indicado, tiene la consideración de “cantidades indebidamente percibidas”, debiendo serle notificada la obligación de restitución de dicho importe, conforme a la normativa vigente sobre reintegro de pagos indebidos.

El ex-funcionario en cuestión, a través de un conocido suyo, antiguo compañero de trabajo, tiene conocimiento de estos acuerdos que él entiende injustos, razón por la que se encuentra en paradero desconocido, intentando de esta forma eludir las consecuencias negativas que le puedan devenir en el caso de recibir la notificación.

Se pide:

1.- En un primer momento, a Francisco Javier sí se le notificó el inicio del expediente administrativo sobre “reintegro de pagos indebidos”, acordando posteriormente el instructor la apertura de un período de prueba por un plazo:
a)No superior a treinta días ni inferior a diez.
b)No superior a veinte días ni inferior a cinco.
c)No inferior a diez días ni superior a quince.
d)De diez días, que podía ser ampliado prudencialmente hasta cinco días, a petición del interesado o iniciativa del órgano.

2.- Tras la fase de la prueba e instruido ya el procedimiento, por parte de Francisco Javier –que para esa fecha ya estaba en las playas cubanas de Varadero- no se efectuó alegación alguna ni se presentaron documentos que pudieran favorecer su pretensión de defensa. En consecuencia:
a)Se dio por terminado el procedimiento, quedando pendiente de resolución definitiva.
b)Se dio por cumplimentado el trámite de audiencia, que no podía ser superior a treinta días ni inferior a diez.
c)Se repetirá el intento de notificación por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes.
d)Se dio por cumplimentado el trámite de audiencia, que no podía ser superior a quince días.

3.- En relación con la cuestión anterior y con el intento infructuoso de notificación al interesado de la resolución, establece la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que, ignorándose el paradero de Francisco Javier y su último domicilio conocido:
a)Caducará el procedimiento.
b)Se publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
c)Se publicará en el Boletín Oficial del Estado.
d)Las respuestas `b` y `c’ son correctas.

4.- Contra este acto del Servicio de Retribuciones, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso ante el Subdirector General de Recursos Humanos de Instituciones Penitenciarias. Por tanto cabe:
a)Interponer recurso de reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación o notificación de este acto.
b)Interponer recurso de alzada en el plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación de este acto.
c)Interponer recurso de alzada en el plazo de tres meses desde el día siguiente a la publicación de este acto, al no haber podido ser notificado al interesado.
d)Interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la publicación de este acto.

5.- En relación con la pregunta anterior, si transcurre el plazo establecido y Francisco Javier no interpone el recurso procedente:
a)Se debe retrotraer el procedimiento e iniciarse de nuevo.
b)Admitirá interponerse recurso contencioso-administrativo.
c)Se producirá la caducidad del procedimiento por defectos en la notificación.
d)La resolución será firme a todos los efectos.


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SOLUCIONES:
1.- A
Artículo 80.2 Ley 30/1992, de 26 de noviembre: … a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes.

2.- D
Artículo 84.2 Ley 30/1992: el plazo del trámite de audiencia no será inferior a diez días ni superior a quince.

3.- C
Artículo 59.5 Ley 30/1992: Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación …, o bien, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento en su último domicilio, en el «Boletín Oficial del Estado», de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, según cual sea la Administración de la que proceda el acto a notificar, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó. No procede la respuesta ‘b’ –y en consecuencia tampoco la opción ‘d’- porque la Administración no conoce su último domicilio, cuestión que aclara el enunciado de la pregunta.

4.- B
Artículo 115.1 Ley 30/1992: el plazo es de un mes desde la publicación, que sustituye a la notificación intentada y no practicada. Se trata de un recurso de alzada porque no agota la vía administrativa.

5.- D
Artículo 115.1, párrafo, tercero, Ley 30/1992: transcurridos dichos plazos sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos.


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MODIFICACION TEMA 1 DERECHO PENAL

[Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal]

En la página 15, sustituir el siguiente epígrafe completo:

5. 4. 2. LEY PENAL EN EL ESPACIO.

5.4.2.1. PRINCIPIOS.
A la hora de aplicar las leyes surge un problema evidente: en el mundo existen tantas legislaciones como países; por lo tanto nos pueden surgir multitud de problemas a la hora de dilucidar qué ley aplicamos a los delitos que se cometen, pues se puede imponer la ley del país donde se comete el delito, la ley del país al que pertenece el autor del delito, la ley del país al que pertenece la víctima del delito, etc. Obviamente, con una legislación mundial uniforme este problema no se plantearía, pero dado que esto último es una utopía deberemos estudiar los siguientes principios que se plantean para solventar esta cuestión.

1º. Principio de territorialidad.- Su fórmula es la siguiente: la ley penal de cada Estado se aplica a los delitos cometidos dentro de su territorio, cualesquiera que fueren la nacionalidad del delincuente y de la víctima. Se aplica la ley del lugar donde se comete el delito, aunque los sujetos intervinientes en el hecho no pertenezcan a dicho país, y esto es así, porque se entiende que es más fácil recoger pruebas, indicios, vestigios, etc. por parte de las autoridades del país, así como que dicha agresión ha alterado la convivencia del mencionado país, siendo el territorio del Estado el ámbito espacial en el que impera su soberanía, delimitando, en principio, la validez de su ordenamiento jurídico.
Se encuentra recogido en el artículo 8 del Código Civil que establece: “las leyes penales, las de policía y las de seguridad pública obligan a todos los que se hallen en territorio español”.
El artículo 23.1 de la L.O.P.J. establece que en el orden penal corresponderá a la jurisdicción española el conocimiento de las causas por delitos y faltas cometidos en territorio español o cometidos a bordo de buques o aeronaves españoles, sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales en los que España sea parte.
La determinación de este principio exige concretar el territorio del Estado español, que sería el siguiente:
 El territorio natural, tierra firme o territorio propiamente dicho (continental o insular).
 Las aguas interiores y el mar territorial.
 Los buques y aeronaves españolas.
 El espacio aéreo situado sobre el territorio español y su mar territorial.
 Las embajadas, legaciones y consulados españoles en el extranjero.
El mar territorial es la zona marítima adyacente a las costas del Estado y comprende las 12 millas desde la línea de bajamar (Ley 10/77 de 4 de enero).
El espacio aéreo es el situado sobre el territorio español y su mar territorial (Ley 48/60 de 21 de julio de navegación aérea).
Buques. El art. 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, como se ha expuesto, establece: “En el orden penal corresponderá a la jurisdicción española el conocimiento de las causas por delitos y faltas cometidos en territorio español o cometidos a bordo de buques o aeronaves españolas...”
No hace distinción la L.O.P.J. entre embarcaciones españolas y extranjeras y, dentro de cada una de ellas, entre buques de guerra y las restantes embarcaciones. Por ello debe entenderse que nuestra legislación positiva reconoce la competencia para conocer de los delitos y faltas cometidos en cualquier tipo de embarcación española, cualquiera que sea el lugar en que se encuentren (aguas territoriales propias, aguas internacionales libres o aguas territoriales de terceros países). Se declara también la competencia para conocer de los delitos y faltas cometidos en todo tipo de embarcaciones extranjeras que se encuentren en aguas jurisdiccionales españolas.
Aeronaves. Por lo que se refiere a éstas, ya hemos visto que la L.O.P.J. reconoce la competencia territorial de los Tribunales españoles, sin hacer distinción entre aeronaves del Estado y aeronaves privadas como hacía la Ley de Navegación Aérea de 1960. En cuanto a las aeronaves extranjeras, en virtud del principio de territorialidad que se establece en la propia ley, habrá de concluirse que son competentes los Tribunales españoles para conocer de los delitos y faltas cometidos en aeronaves de otros países siempre que se encuentren en tierra española o sobrevuelen el espacio aéreo español. De la misma forma se expresa el artículo 7 de la Ley de Navegación Aérea.

Como excepciones al Principio de Territorialidad existen los siguientes:

2º. Principio de personalidad o de la nacionalidad.- La ley penal del Estado debe aplicarse a todos los delitos cometidos por sus ciudadanos en cualquier lugar del extranjero, ya sea contra sus ciudadanos o contra extranjeros. Tiene poca operatividad en las legislaciones de los países. En la actualidad sólo tiene efectividad en el caso de que el delincuente nacional no haya sido penado en el extranjero y que se encuentre en su propio país. En función de este principio, la ley de la nacionalidad del sujeto le sigue a todos los lugares donde se halle.
El art. 23. 2 de la L.O.P.J. , modificado por Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, señala que también conocerá la Jurisdicción española de los delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fueran españoles o extranjeros que hubieran adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho y concurrieren los siguientes requisitos:
a) Que el hecho sea punible en el lugar de ejecución, salvo que, en virtud de un Tratado internacional o de un acto normativo de una Organización internacional de la que España sea parte, no resulte necesario dicho requisito, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados siguientes.
b) Que el agraviado o el Ministerio Fiscal interpongan querella ante los Tribunales españoles.
c) Que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero, o en último caso, no haya cumplido la condena. Si sólo la hubiere cumplido en parte, se le tendrá en cuenta para rebajarle proporcionalmente la que le corresponda.

3º. Principio real o de protección (también llamado de defensa).- Se basa este principio en la necesidad de conceder validez fuera del territorio a la ley nacional en el supuesto de que los delitos cometidos en el extranjero atenten contra los intereses del Estado y sus ciudadanos. También se le denomina como "principio del orden jurídico interesado".
Según el art. 23. 3 de la L.O.P.J. conoce la jurisdicción española de una serie de delitos, aunque hayan sido cometidos en el extranjero. Son delitos de:
a) Traición y contra la paz o independencia del Estado.
b) Contra el titular de la Corona, su consorte, su sucesor o el regente.
c) Rebelión y sedición.
d) Falsificación de la firma o estampilla reales, del sello del Estado, de las firmas de los Ministros y de los sellos públicos y oficiales.
e) Falsificación de moneda española y su expedición.
f) Cualquier otra falsificación que perjudique directamente el crédito o interés del Estado, e introducción o expedición de lo falsificado.
g) Atentado contra autoridades o funcionarios públicos españoles.
h) Los perpetrados en el ejercicio de sus funciones por funcionarios públicos españoles residentes en el extranjero y los delitos contra la Administración Pública española.
i) Los relativos al control de cambios.

4º. Principio de la Administración de justicia mundial o de la comunidad de intereses.- Se le llama también "principio de la intraterritorialidad”, “jurisdicción universal” o “principio universal”.
La Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal, refiere lo siguiente:
Con la modificación del artículo 23 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial operada por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, se produjo un cambio en la regulación y planteamiento de la llamada justicia universal. En el planteamiento de dicha reforma latía la idea de perfilar la competencia de la jurisdicción española, ampliando por un lado los delitos que, habiéndose cometido fuera del territorio nacional, e independientemente de la nacionalidad de su autor son susceptibles de ser investigados por la jurisdicción española y por otro lado, definiendo las condiciones que debían darse para que la justicia española fuera competente, adaptando la justicia universal al principio de subsidiariedad y a la jurisprudencia constitucional y del Tribunal Supremo.
Han pasado cuatro años desde que la mencionada reforma entrara en vigor y la realidad ha demostrado que hoy en día la jurisdicción universal no puede concebirse sino desde los límites y exigencias propias del Derecho Internacional. La extensión de la jurisdicción nacional fuera de las propias fronteras, adentrándose en el ámbito de la soberanía de otro Estado, debe quedar circunscrita a los ámbitos que, previstos por el Derecho Internacional, deban ser asumidos por España en cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos: la extensión de la jurisdicción española más allá de los límites territoriales españoles debe venir legitimada y justificada por la existencia de un tratado internacional que lo prevea o autorice, el consenso de la comunidad internacional. Al tiempo, la regulación de la materia debe ajustarse a los compromisos derivados de la ratificación por España el 19 de octubre de 2000 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, como instrumento esencial en la lucha por un orden internacional más justo basado en la protección de los derechos humanos.
En esa misma línea de dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por los Tratados internacionales que España ha ratificado, se hace necesario ampliar la lista de delitos que, cometidos fuera del territorio nacional, son susceptibles de ser perseguidos por la jurisdicción española. Tal es el caso, por ejemplo, de los delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, en la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, los delitos de corrupción de agente público extranjero previstos en el Convenio de la OCDE, delitos cuyas previsiones se incorporaron al Código Penal, si bien quedaba pendiente la definición de los aspectos de jurisdicción que ahora se incorporan en la presente Ley.
Ese es el sentido que inspira la reforma que ahora se lleva a cabo, delimitar con claridad, con plena aplicación del principio de legalidad y reforzando la seguridad jurídica, los supuestos en que la jurisdicción española puede investigar y conocer de delitos cometidos fuera del territorio en que España ejerce su soberanía.
Con esta finalidad, se precisan los límites positivos y negativos de la posible extensión de la jurisdicción española: es necesario que el legislador determine, de un modo ajustado al tenor de los tratados internacionales, qué delitos cometidos en el extranjero pueden ser perseguidos por la justicia española y en qué casos y condiciones. La persecución de delitos cometidos fuera de España tiene además un carácter excepcional que justifica que la apertura de los procedimientos deba condicionarse a la presentación de querella por el Ministerio Fiscal o la persona agraviada por el delito.
También se delimita con carácter negativo la competencia de los tribunales españoles, definiendo con claridad el principio de subsidiariedad. En ese sentido, se excluye la competencia de los tribunales españoles cuando ya se hubiese iniciado un procedimiento en un Tribunal Internacional o por la jurisdicción del país en que hubieran sido cometidos o de nacionalidad de la persona a la que se impute su comisión, en estos dos últimos casos siempre que la persona a que se imputen los hechos no se encuentre en España o, estando en España vaya a ser extraditado a otro país o transferido a un Tribunal Internacional, en los términos y condiciones que se establecen.
En todo caso, los jueces y tribunales españoles se reservan la posibilidad de continuar ejerciendo su jurisdicción si el Estado que la ejerce no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o no puede realmente hacerlo. La valoración de estas circunstancias, que por su relevancia corresponderá a la Sala 2.ª del Tribunal Supremo, se llevará a cabo conforme a los criterios recogidos en el Estatuto de la Corte Penal Internacional.
La regulación introduce límites a la jurisdicción española que deben ser aplicados a las causas actualmente en trámite, pues los Tribunales españoles no pueden continuar procedimientos sobre los que ya carezcan de jurisdicción.

Según el art. 23. 4 de la L.O.P.J., modificado por Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre y más ampliamente por Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, igualmente será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por los españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley española, como alguno de los siguientes delitos cuando se cumplan las condiciones expresadas:
a) Genocidio, lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, siempre que el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España, o contra un extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas.
b) Delitos de tortura y contra la integridad moral de los artículos 174 a 177 del Código Penal, cuando:
o 1.º el procedimiento se dirija contra un español; o,
o 2.º la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos y la persona a la que se impute la comisión del delito se encuentre en territorio español.
c) Delitos de desaparición forzada incluidos en la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, hecha en Nueva York el 20 de diciembre de 2006, cuando:
o 1.º el procedimiento se dirija contra un español; o,
o 2.º la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos y la persona a la que se impute la comisión del delito se encuentre en territorio español.
d) Delitos de piratería, terrorismo, tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, trata de seres humanos, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y delitos contra la seguridad de la navegación marítima que se cometan en los espacios marinos, en los supuestos previstos en los tratados ratificados por España o en actos normativos de una Organización Internacional de la que España sea parte.
e) Terrorismo, siempre que concurra alguno de los siguientes supuestos:
o 1.º el procedimiento se dirija contra un español;
o 2.º el procedimiento se dirija contra un extranjero que resida habitualmente en España;
o 3.º el delito se haya cometido por cuenta de una persona jurídica con domicilio en España;
o 4.º la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos;
o 5.º el delito haya sido cometido para influir o condicionar de un modo ilícito la actuación de cualquier Autoridad española;
o 6.º el delito haya sido cometido contra una institución u organismo de la Unión Europea que tenga su sede en España;
o 7.º el delito haya sido cometido contra un buque o aeronave con pabellón español; o,
o 8.º el delito se haya cometido contra instalaciones oficiales españolas, incluyendo sus embajadas y consulados.
A estos efectos, se entiende por instalación oficial española cualquier instalación permanente o temporal en la que desarrollen sus funciones públicas autoridades o funcionarios públicos españoles.
f) Los delitos contenidos en el Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, hecho en La Haya el 16 de diciembre de 1970, siempre que:
o 1.º el delito haya sido cometido por un ciudadano español; o,
o 2.º el delito se haya cometido contra una aeronave que navegue bajo pabellón español.
g) Los delitos contenidos en el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, hecho en Montreal el 23 de septiembre de 1971, y en su Protocolo complementario hecho en Montreal el 24 de febrero de 1988, en los supuestos autorizados por el mismo.
h) Los delitos contenidos en el Convenio sobre la protección física de materiales nucleares hecho en Viena y Nueva York el 3 de marzo de 1980, siempre que el delito se haya cometido por un ciudadano español.
i) Tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que:
o 1.º el procedimiento se dirija contra un español; o,
o 2.º cuando se trate de la realización de actos de ejecución de uno de estos delitos o de constitución de un grupo u organización criminal con miras a su comisión en territorio español.
j) Delitos de constitución, financiación o integración en grupo u organización criminal o delitos cometidos en el seno de los mismos, siempre que se trate de grupos u organizaciones que actúen con miras a la comisión en España de un delito que esté castigado con una pena máxima igual o superior a tres años de prisión.
k) Delitos contra la libertad e indemnidad sexual cometidos sobre víctimas menores de edad, siempre que:
o 1.º el procedimiento se dirija contra un español;
o 2.º el procedimiento se dirija contra ciudadano extranjero que resida habitualmente en España;
o 3.º el procedimiento se dirija contra una persona jurídica, empresa, organización, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o domicilio social en España; o,
o 4.º el delito se hubiera cometido contra una víctima que, en el momento de comisión de los hechos, tuviera nacionalidad española o residencia habitual en España.
l) Delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa de 11 de mayo de 2011 sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, siempre que:
o 1.º el procedimiento se dirija contra un español;
o 2.º el procedimiento se dirija contra un extranjero que resida habitualmente en España; o,
o 3.º el delito se hubiera cometido contra una víctima que, en el momento de comisión de los hechos, tuviera nacionalidad española o residencia habitual en España, siempre que la persona a la que se impute la comisión del hecho delictivo se encuentre en España.
m) Trata de seres humanos, siempre que:
o 1.º el procedimiento se dirija contra un español;
o 2.º el procedimiento se dirija contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España;
o 3.º el procedimiento se dirija contra una persona jurídica, empresa, organización, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o domicilio social en España; o,
o 4.º el delito se hubiera cometido contra una víctima que, en el momento de comisión de los hechos, tuviera nacionalidad española o residencia habitual en España, siempre que la persona a la que se impute la comisión del hecho delictivo se encuentre en España.
n) Delitos de corrupción entre particulares o en las transacciones económicas internacionales, siempre que:
o 1.º el procedimiento se dirija contra un español;
o 2.º el procedimiento se dirija contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España;
o 3.º el delito hubiera sido cometido por el directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa mercantil, o de una sociedad, asociación, fundación u organización que tenga su sede o domicilio social en España; o,
o 4.º el delito hubiera sido cometido por una persona jurídica, empresa, organización, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o domicilio social en España.
o) Delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa de 28 de octubre de 2011, sobre falsificación de productos médicos y delitos que supongan una amenaza para la salud pública, cuando:
o 1.º el procedimiento se dirija contra un español;
o 2.º el procedimiento se dirija contra un extranjero que resida habitualmente en España;
o 3.º el procedimiento se dirija contra una persona jurídica, empresa, organización, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas que tengan su sede o domicilio social en España;
o 4.º la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos; o,
o 5.º el delito se haya cometido contra una persona que tuviera residencia habitual en España en el momento de comisión de los hechos.
p) Cualquier otro delito cuya persecución se imponga con carácter obligatorio por un Tratado vigente para España o por otros actos normativos de una Organización Internacional de la que España sea miembro, en los supuestos y condiciones que se determine en los mismos.
Asimismo, la jurisdicción española será también competente para conocer de los delitos anteriores cometidos fuera del territorio nacional por ciudadanos extranjeros que se encontraran en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas, siempre que así lo imponga un Tratado vigente para España.

5. Los delitos a los que se refiere el apartado anterior no serán perseguibles en España en los siguientes supuestos:
a) Cuando se haya iniciado un procedimiento para su investigación y enjuiciamiento en un Tribunal Internacional constituido conforme a los Tratados y Convenios en que España fuera parte.
b) Cuando se haya iniciado un procedimiento para su investigación y enjuiciamiento en el Estado del lugar en que se hubieran cometido los hechos o en el Estado de nacionalidad de la persona a que se impute su comisión, siempre que:
 1.º la persona a la que se impute la comisión del hecho no se encontrara en territorio español; o,
 2.º se hubiera iniciado un procedimiento para su extradición al país del lugar en que se hubieran cometido los hechos o de cuya nacionalidad fueran las víctimas, o para ponerlo a disposición de un Tribunal Internacional para que fuera juzgado por los mismos, salvo que la extradición no fuera autorizada.
Lo dispuesto en este apartado b) no será de aplicación cuando el Estado que ejerza su jurisdicción no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o no pueda realmente hacerlo, y así se valore por la Sala 2.ª del Tribunal Supremo, a la que elevará exposición razonada el Juez o Tribunal.
A fin de determinar si hay o no disposición a actuar en un asunto determinado, se examinará, teniendo en cuenta los principios de un proceso con las debidas garantías reconocidos por el Derecho Internacional, si se da una o varias de las siguientes circunstancias, según el caso:
a) Que el juicio ya haya estado o esté en marcha o que la decisión nacional haya sido adoptada con el propósito de sustraer a la persona de que se trate de su responsabilidad penal.
b) Que haya habido una demora injustificada en el juicio que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia.
c) Que el proceso no haya sido o no esté siendo sustanciado de manera independiente o imparcial y haya sido o esté siendo sustanciado de forma en que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia.
A fin de determinar la incapacidad para investigar o enjuiciar en un asunto determinado, se examinará si el Estado, debido al colapso total o sustancial de su administración nacional de justicia o al hecho de que carece de ella, no puede hacer comparecer al acusado, no dispone de las pruebas y los testimonios necesarios o no está por otras razones en condiciones de llevar a cabo el juicio.

6. Los delitos a los que se refieren los apartados 3 y 4 solamente serán perseguibles en España previa interposición de querella por el agraviado o por el Ministerio Fiscal.

 

MODIFICACION TEMA 13 DERECHO PENAL


• El artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, referido a las competencias del Tribunal Supremo, queda redactado del siguiente modo:

Según el artículo 57 L.O.P.J., la sala de lo penal conoce:
a) De los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia penal que establezca la ley.
b) De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra el Presidente del Gobierno, Presidentes del Congreso y del Senado, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Presidente del Tribunal Constitucional, miembros del Gobierno, Diputados y Senadores, Vocales del Consejo General del Poder Judicial, Magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, Presidentes de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus Salas y de los Tribunales Superiores de Justicia, Fiscal General del Estado, Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas, Presidente y Consejeros del Consejo de Estado y Defensor del Pueblo, así como de las causas que en su caso, determinen los Estatutos de Autonomía.
c) De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra Magistrados de la Audiencia Nacional o de un Tribunal Superior de Justicia.
d) De los demás asuntos que le atribuya esta Ley (introducido por la Ley 1/2014, de 13 de marzo).
En las causas de los últimos supuestos se asignará, de entre los miembros de la sala, conforme a un turno preestablecido, un instructor, que no formará parte de la misma para enjuiciarlas.


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ENUNCIADO DEL SUPUESTO PRÁCTICO 2013:
Isabel F. G., en sentencia firme de 24 de enero de 2014, es condenada por un delito de lesiones a pena de prisión de 1 año y seis meses. Previa valoración por el Juzgado de lo Penal nº 3 de Murcia de las circunstancias del delito cometido, la personalidad de la penada, sus antecedentes, su conducta posterior al hecho, en particular su esfuerzo para reparar el daño causado, sus circunstancias familiares y sociales, y los efectos que cabe esperar, acuerda en sentencia aplicar la suspensión de la ejecución de esta pena durante 3 años.
Tras arduas investigaciones policiales, la mujer es detenida el 17 de febrero de 2017 por un segundo delito, en este caso de robo con fuerza en las cosas cometido el 26 de diciembre de 2016, por el que es condenada en sentencia firme el 12 de febrero de 2018 a otra pena privativa de libertad.
En estas circunstancias, se resuelve el supuesto planteado conforme a las modificaciones introducidas por el ANTEPROYECTO DE REFORMA DEL CÓDIGO PENAL que está en curso actualmente.

Se pide:

1.- El Juzgado de lo Penal nº 3 de Murcia considera adecuado, como forma de reparación simbólica a la vista de las circunstancias del hecho y de la autora del delito, imponer a Isabel la realización de trabajos en beneficio de la comunidad. En este sentido cabe afirmar:
a)Que la duración de esta prestación de trabajos no podrá exceder un día de trabajos por cada dos días de prisión.
b)Que la duración de esta prestación de trabajos no podrá exceder dos días de trabajos por cada día de prisión.
c)Que no es posible imponerle esta medida puesto que se trata de una pena privativa de derechos distinta y no de una prestación o medida complementaria.
d)Que la duración de esta prestación de trabajos no podrá exceder un día de trabajos por cada día de prisión.

2.- En vista al nuevo delito cometido por Isabel, el Juzgado de lo Penal nº 3 de Murcia se plantea revocar la suspensión de la ejecución de la pena de prisión de 1 año y seis meses; esta posibilidad:
a)Es posible llevarla a cabo puesto que la penada cometió un nuevo delito durante el período de suspensión, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 86 del Código Penal.
b)No es posible revocar la suspensión de la ejecución porque la segunda sentencia es posterior a la terminación de dicho plazo y tendría que haber sido condenada durante el tiempo en que tenía acordada la suspensión, que era de 3 años.
c)Se puede revocar la suspensión al cometer el nuevo delito, ya que en ambas sentencias las penas son privativas de libertad.
d)No se puede revocar la suspensión debido al tiempo transcurrido.

3.- En el caso de que fuera viable acordar la revocación de la suspensión de la ejecución de la pena, ¿cuál sería la fecha límite para que el Juzgado pudiera adoptar esta decisión?:
a)El 26 de diciembre de 2016.
b)El 24 de enero de 2018.
c)El 12 de febrero de 2018.
d)El 23 de julio de 2017.

4.- Si se revoca la suspensión de la ejecución de la pena a Isabel, ¿en qué plazo deberá adoptarse este acuerdo?:
a)Dentro del plazo de seis meses desde que cometió el segundo delito.
b)Dentro del plazo de un año desde la firmeza de la sentencia de condena por el segundo delito.
c)Dentro del plazo de seis meses desde la firmeza de la sentencia de condena por el segundo delito.
d)Antes de que venza el plazo de suspensión.

5.- Para que el Juzgado de lo Penal nº 3 de Murcia acuerde la revocación de la suspensión y ordene la ejecución de la pena inicial:
a)El nuevo delito habría sido cometido durante el período de suspensión.
b)El nuevo delito habría sido cometido durante el período de suspensión o antes de que transcurra un año desde la terminación de dicho período.
c)El nuevo delito habría sido cometido antes de que transcurra un año desde la terminación del período de suspensión.
d)El nuevo delito habría sido cometido con anterioridad a la finalización de la suspensión, con sentencia firme fechada antes de que transcurran seis meses desde la terminación de dicho período.

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SOLUCIONES:

1.- D (art. 84.3 del Código Penal, conforme a la reforma)
El Juez o Tribunal también podrá condicionar la suspensión de la ejecución de la pena al cumplimiento de alguna o algunas de las siguientes prestaciones o medidas: 3) La realización de trabajos en beneficio de la comunidad, especialmente cuando resulte adecuado como forma de reparación simbólica a la vista de las circunstancias del hecho y del autor. La duración de esta prestación de trabajos no podrá exceder un día de trabajos por cada día de prisión.

2.- D (art. 87.3 C.P.)
La revocación de la suspensión solamente podrá ser acordada si no hubiera transcurrido más de un año desde la terminación del plazo de suspensión, que fue el 24 de enero de 2017 (3 años después de la primera sentencia) y la segunda sentencia es del 12 de febrero de 2018. Ha pasado más de un año entre ambas fechas y no es posible la revocación de la suspensión de la ejecución.

3.- B (art. 87.3 C.P.)
La revocación de la suspensión solamente podrá ser acordada si no hubiera transcurrido más de un año desde la terminación del plazo de suspensión, que fue el 24 de enero de 2017, y, por tanto, la fecha límite es un año después.

4.- C (art. 87.3 C.P.)
Deberá acordarse dentro del plazo de seis meses desde la firmeza de la sentencia de condena, que fue el 12 de febrero de 2018. Como ha transcurrido más de un año desde que expiraron los 3 años de suspensión (24 de enero de 2018), no se puede revocar la suspensión inicial aunque no transcurran esos seis meses cuyo plazo se inicia el 12 de febrero de 2018.

5.- A (arts. 86.1.1 y 87.3 C.P.)
El Juez o Tribunal revocará la suspensión y ordenará la ejecución de la pena cuando el penado cometa un nuevo delito durante el período de suspensión y hubiera sido condenado con posterioridad a la finalización de suspensión por un delito cometido con anterioridad a la misma.
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