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1 DE JULIO DE 2014.- CASO PRÁCTICO SOBRE LA LENGUA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y EL SILENCIO ADMINISTRATIVO.

Un funcionario es el Administrador del Centro Penitenciario X y su intención es compatibilizar su función pública de Administrador con la actividad privada de ejercicio de la abogacía. Para ello realiza solicitud que redacta en lengua catalana y la presenta el 2 de agosto de 2013 en la oficina de Correos de Menorca, junto con un documento oficial y su copia para que sea cotejada y se le devuelva el original.
La solicitud la remite a la Subdirección General de Recursos Humanos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, cuya entrada queda registrada el 5 de agosto de 2013. Y ésta, a su vez, la remite a la Oficina de Conflictos de Intereses de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, que es el órgano competente para tramitarlo, teniendo su entrada en el Registro Central del Departamento el día 26 de agosto de 2013.
Este órgano no informa al interesado sobre el plazo normativamente establecido para la resolución (3 meses), ni los efectos que puede producir el silencio administrativo, ni siquiera la fecha en que la solicitud ha sido recibida. El 6 de noviembre de 2013, el funcionario presenta escrito solicitando que se le expida certificación del silencio administrativo producido.

Se pide:

1.- Respecto a la lengua empleada por el funcionario en la redacción de la solicitud, ¿es la correcta?:
a) Sí, puesto que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a órganos radicados en el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma con lengua cooficial podrán estar redactados en dicha lengua o en castellano.
b) No, porque el ámbito territorial de la Administración que conoce del asunto no tiene la lengua catalana como cooficial con el castellano.
c) Sí, porque la lengua catalana es oficial en Menorca –si consideramos como tal a la empleada en las Islas Baleares como cooficial junto con el castellano- y los interesados pueden elegir la lengua en la que se tramitarán los procedimientos.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

2.- ¿Es posible admitir en la Oficina de Correos la solicitud presentada por el funcionario?:
a) Sí, en el caso de que se hubiera suscrito el oportuno convenio con la Administración General del Estado.
b) No, porque no es una Oficina de Registro vinculada a cualquier Administración pública o entidad de derecho público vinculada o dependiente de ellas.
c) Sí, en la forma que reglamentariamente se establezca.
d) No, porque no es el registro del órgano administrativo al que se dirige la solicitud.

3.- De ser admisible la solicitud en Correos, ¿el empleado de la Oficina de Correos debe cotejar el documento oficial con su copia?:
a) No, al no tratarse de una oficina de registro de una Administración Pública.
b) Sí, en todo caso.
c) No; el ciudadano debe acompañar la copia compulsada, con independencia del órgano, entidad o Administración destinataria. Las oficinas de registro no estarán obligadas a compulsar copias de documentos originales.
d) Sí, al estar redactado el documento en lengua catalana.

4.- ¿Considera que el 6 de noviembre de 2013 se ha producido ya el silencio administrativo?:
a) No.
b) Sí, puesto que han transcurrido más de 3 meses desde que presentó la solicitud, que es el plazo establecido normativamente para resolver el procedimiento.
c) No, al no haber transcurrido más de 3 meses desde que presentó la solicitud, que es el plazo establecido normativamente para resolver el procedimiento.
d) Sí, y además la Oficina de Conflictos de Intereses de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas incumple la obligación impuesta de informar al interesado del plazo máximo normativamente establecido para la resolución y notificación del procedimiento, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo.

5.- ¿Qué día a partir del cual se produce el silencio administrativo en este supuesto? ¿En qué plazo debería emitirse el certificado acreditativo del silencio?:
a) El 1 de noviembre de 2013. Solicitado el certificado, éste deberá emitirse en el plazo máximo de quince días.
b) El 4 de noviembre de 2013. Solicitado el certificado, éste deberá emitirse en el plazo máximo de diez días.
c) El 25 de noviembre de 2013. Solicitado el certificado, éste deberá emitirse en el plazo máximo de quince días.
d) El 4 de noviembre de 2013. Solicitado el certificado, éste deberá emitirse en el plazo máximo de quince días.

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SOLUCIONES:

1.- B (art. 36.1 Ley 30/1992 y 10.1 R.D. 772/1999)
Teniendo en cuenta que tanto la Subdirección General de Recursos Humanos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, como –sobre todo- la Oficina de Conflictos de Intereses de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, a la que va dirigida la solicitud, tienen su sede en los Servicios Centrales Ministeriales en Madrid y allí no es oficial la lengua catalana, el Administrador (ciudadano) debería redactar en castellano la misma, ya que el ámbito territorial de la Administración que conoce del asunto no tiene la lengua catalana como cooficial con el castellano.

2.- C (art. 38.4.c Ley 30/1992)
Las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse en las oficinas de correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

3.- B (art. 35.c Ley 30/1992)
Entre los derechos que asisten a los administrados en sus relaciones con la Administración se encuentra el de obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportándola junto con los originales, así como a la devolución de éstos, salvo cuando los originales deban obrar en el procedimiento.

4.- A (art. 42.3.b Ley 30/1992 y 4.2 R.D. 772/1999)
El plazo máximo para recibir la notificación se contará, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación, por lo que no será el 2 de agosto sino el 26.
El apartado 1 del artículo 4 del Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, dispone que la fecha de entrada de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administración General del Estado y a sus Organismos públicos producirá efectos, en su caso, en cuanto al cumplimiento de los plazos de los ciudadanos, sin embargo, en el apartado 2, indica que la fecha de entrada de las solicitudes, escritos y comunicaciones a las que se refiere el apartado anterior en las oficinas de registro del órgano competente para su tramitación –que en este caso fue el 26 de agosto- producirá como efecto el inicio del cómputo de los plazos que haya de cumplir la Administración, y en particular del plazo máximo para notificar la resolución expresa, por lo que, en consecuencia, aún no han transcurrido los 3 meses preceptivos para que se produzca el silencio administrativo.

5.- C (art. 42.3.b Ley 30/1992, 43.4 Ley 30/1992 y 4.2 R.D. 772/1999)
La solicitud tiene entrada en el órgano competente para tramitarlo el 26 de agosto y hay que contar tres meses a partir de ese día. De expedirse la certificación acreditativa del silencio –que ya hemos indicado que no se da-, solicitado el mismo, deberá emitirse en el plazo máximo de quince días.

EFECTOS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO (INFORMATIVO):
En el presente supuesto, ante la cuestión de qué sentido tendría el silencio administrativo si éste se hubiera producido -que ya hemos comentado que no-, indicar que el sentido sería estimatorio. Esto es así en virtud a lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera del Real Decreto 1777/1994, de 5 de agosto, de adecuación de las normas reguladoras de los procedimientos de gestión de personal a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que establece que las solicitudes formuladas en los procedimientos en materia de incompatibilidades del personal incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril –que es el determinado en el artículo segundo de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas- sobre incompatibilidades del personal al servicio de la Administración del Estado, se podrán entender estimadas una vez transcurridos, sin que se hubiera dictado resolución expresa, los plazos máximos de resolución señalados en dicha Disposición, que en el caso de reconocimiento de compatibilidad para ejercer actividades privadas es de tres meses.

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